Participaré en la Huelga General y de movilización ciudadana del 14N, que también se hará en Malta, Chipre, Portugal, Italia y Grecia porque no quiero que mi silencio no sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo el Gobierno del PP, siguiendo los dictados de la Troika.
Yo participaré en esta huelga general para alzar mi voz y luchar contra unos recortes que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los derechos sociales y laborales que nos quedaban tras las reformas laborales del PP y del PSOE, mientras se mantienen unas políticas que sólo benefician a las clases sociales más pudientes.
En educación han recortado el presupuesto de la pública en más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.
En sanidad han eliminado la universalidad, abriendo la puerta a la exclusión en la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, dejando de ser la salud un derecho para convertirse en un privilegio. Han establecido el re-pago sanitario en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas de personal en todos los hospitales públicos y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.
Han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.
Han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren retrotraer la ley del aborto al año 85 cuando abortar era un delito en cualquier supuesto y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas contrarias a las libertades públicas propias de una dictadura militar, estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero si alguien lo graba y lo difunde sí que lo es; que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado implica hasta seis meses de prisión. Protestar por ello, interrumpiendo el transporte público, puede conllevar hasta dos años de prisión y si además te “resistes” a la autoridad en una protesta, hasta cuatro años de prisión. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero convocar manifestaciones para denunciar que el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral puede acarrear hasta un año de prisión. Están provocando así un deterioro de la calidad de nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles, imponiendo censuras que nos retrotraen a épocas preconstitucionales.
Han diseñado políticas basadas en la reducción del déficit, pactado constitucionalmente por PP y PSOE, que han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad…) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se producen 512 procedimientos de desahucio al día.
Han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y han congelado el IPREM (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los funcionarios les han recortado un 30% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años.
Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las sociosanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales cuyas consecuencias anticipan una sociedad cada vez más descohesionada y fracturada.
Mientras, han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses. Mientras, han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica. Mientras, mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas y deja que tributen al 1% con las SICAV. Mientras, les ha bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas. Mientras, los accionistas de las empresas españolas gestoras del Banco Malo tributaran un 5% menos de lo que les corresponde y el capital extranjero que participe del Banco Malo no pagará impuestos en el Estado Español. Mientras, no quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la actual situación de crisis, así como a quienes debían vigilar las actividades financieras y bancarias y permitieron que el expolio se prolongase durante años.
Por todas estas razones yo participaré en esta huelga general política. Porque claro que es una huelga política. Porque queremos que otra política sea posible. Una política que no permita este saqueo de lo público y que no haga cargar las consecuencias de una crisis organizada por los banqueros y las multinacionales, el 1%, a costa de las espaldas de la ciudadanía, el 99%.
Porque este sistema político y económico es injusto, es un saqueo de los bienes públicos al servicio de los capitales y no de las personas y del bien común. Por eso yo estaré el 14N apoyando y participando en los diferentes actos programados para ese día y no consumiendo tampoco, porque el 14N es también una Jornada de Lucha Ciudadana en la que exigimos otra política, porque hay soluciones justas y alternativas para salir de esta crisis social.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
